Uno de los grandes triunfadores en la crisis sanitaria ha sido Zoom. La aplicación de videollamadas ha roto moldes. Ha cuadruplicado su número de usuarios. La necesidad de verse las caras en el teletrabajo o estar al día con la familia ha disparado su interés. Al mismo tiempo que crecía aparecían sus problemas de privacidad. Una de las críticas ha sido que solo los usuarios de pago se pueden beneficiar de tener una herramienta segura. La empresa, tras la enfervorecida respuesta de activistas, ha decidido extender el blindaje a todos sus usuarios.
La popular aplicación, que alberga ya a más de 200 millones de usuarios, se enfrentó a las duras críticas de grupos de derechos civiles por sus planes de excluir el sistema de cifrado de las llamadas gratuitas. Una tecnología que garantiza comunicaciones seguras al no poder ser intervenidas ni leías por la propia empresa. Servicios como WhatsApp lo han incorporado a sus plataformas en los últimos años.
Eric Yuan, fundador y presidente de la multinacional estadounidense, desveló recientemente que Zoom planeaba excluir las llamadas gratuitas del cifrado de extremo a extremo para asegurarse de que fuese posible «trabajar» con el FBI o la policía local en caso de que algunas personas utilizasen el servicio para fines delictivos.
Desde que tocara a la puerta del éxito, Zoom no ha hecho más que enfrentarse a críticas. Recientemente también ha sido acusada de plegarse a los intereses del régimen chino. La aplicación de videoconferencias, sin embargo, ha anunciado que modificará sus políticas tras un incidente sucedido en China por el que bloqueó a usuarios de otros países y ha anunciado que en los próximos días será posible eliminar a participantes solo en países concretos.
La polémica se originó a comienzos de junio, cuando el Gobierno de China pidió a Zoom bloquear cuatro grandes reuniones conmemorativas, una actividad ilegal en el país asiático. Zoom respondió eliminando tres de las cuatro reuniones. La compañía ha admitido en un comunicado haberse «quedado corta» con su actuación y haber cometido «errores» al haber eliminado la cuenta de los anfitriones de la reunión, procedentes de Estados Unidos y Hong Kong, donde la ley no prohíbe los actos, en lugar de haber bloqueado solamente la entrada de usuarios chinos.